Hay algo moviéndose en el Congreso que no está en los encabezados grandes, pero que le afecta a cualquiera que alguna vez haya salido a marchar, a bloquear una calle o a plantarse frente a un edificio de gobierno.
Diputados del PAN afirman que existe consenso para eliminar las sanciones que hoy existen contra quienes participan en manifestaciones públicas.
La señal es relevante: no lo están diciendo solos. Hablan de acuerdos con otras bancadas, lo que sugiere que la propuesta tiene posibilidades reales de avanzar.
¿DE QUÉ SANCIONES HABLAMOS?
En varios estados de México —incluido Guanajuato— existen marcos legales que permiten sancionar económica o administrativamente a personas que participen en bloqueos, marchas o protestas que afecten la vía pública o el orden.
Para sus promotores, esas normas son herramientas de orden. Para organizaciones civiles y colectivos, son mecanismos para inhibir la protesta legítima.
La propuesta panista apunta a desmantelar esa figura.
EL CONTEXTO QUE NO SE PUEDE IGNORAR
Esto no ocurre en el vacío.
México vive un momento de alta movilización social. Colectivos feministas, familias de desaparecidos, trabajadores y comunidades han intensificado sus protestas en los últimos años.
Y en paralelo, varios gobiernos estatales y municipales han buscado instrumentos legales para contener —o al menos encarecer— el costo de manifestarse.
Que el PAN, un partido que históricamente ha gobernado Guanajuato y otras entidades donde esas leyes existen, ahora impulse su eliminación, es un giro que vale la pena seguir de cerca.
¿QUÉ SIGUE?
Por ahora, la propuesta está en fase de construcción de acuerdos.
No hay fecha de votación confirmada. No hay texto legislativo público. Hay una señal política de que el tema se está moviendo.
La pregunta que queda en el aire: ¿es un cambio genuino en la postura sobre el derecho a protestar, o es una bandera que conviene agitar en este momento electoral?
Eso lo dirá el proceso.
