Hay muertes que los gobiernos prefieren no contar. Y hay momentos en que otro gobierno decide contarlas por ellos.

México está buscando, dentro del propio territorio estadounidense, una condena judicial contra la administración de Donald Trump por la muerte de migrantes.

No es un pleito diplomático ordinario. Es una apuesta sin precedentes: llevar ante cortes de Estados Unidos la responsabilidad del gobierno federal norteamericano por lo que ocurre en la frontera cuando las personas intentan cruzar.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTO?

La estrategia mexicana parte de una premisa central: que las políticas migratorias de la administración Trump —el cierre de puntos de entrada, las deportaciones masivas, la militarización de la frontera— han creado condiciones que directamente provocan muertes.

Migrantes que no pueden cruzar por los puertos oficiales se internan en el desierto. Migrantes que son devueltos sin proceso a zonas de peligro. Personas que mueren de calor, de sed, ahogadas en el Río Bravo.

Lo que México argumenta es que eso no es accidente. Es consecuencia.

UN MOVIMIENTO QUE NO ES MENOR

Que un país soberano busque responsabilizar judicialmente al gobierno de otro país, dentro del propio sistema legal de ese país, es una jugada que pocos se atreven a hacer.

México ya tiene antecedentes: la demanda contra fabricantes de armas estadounidenses que alimentan el mercado ilegal en territorio mexicano. Esa estrategia tardó años, pero avanzó.

Aquí el objetivo es más directo, y más urgente.

Cada año mueren cientos de personas intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El año más mortífero registrado fue 2022, con más de 850 muertes documentadas solo en el lado estadounidense. Las cifras reales, contando los cuerpos que nunca se encuentran, son mayores.

EL CONTEXTO QUE NADIE PUEDE IGNORAR

La administración Trump ha endurecido de manera sistemática la política migratoria desde su regreso al poder. Operativos militares en la frontera. Deportaciones en vuelos masivos. Cierres de solicitudes de asilo. Detenciones de personas sin antecedentes criminales.

El gobierno mexicano ha tenido que negociar en un terreno cada vez más estrecho: presión interna para proteger a sus connacionales, presión externa para contener flujos migratorios que Washington exige frenar.

Esta acción legal parece ser, también, una forma de recuperar terreno en esa negociación.

Un mensaje que dice: si no resuelven esto en la mesa, lo resolveremos en las cortes.

LO QUE AÚN NO SABEMOS

El reporte de El País México no detalla qué mecanismo legal específico está usando México, ni en qué corte se presentaría la demanda, ni en qué etapa se encuentra el proceso.

Lo que sí está claro es que existe una decisión política de alto nivel para avanzar en esa dirección.

Y eso, por sí solo, marca un punto de inflexión en la relación entre los dos países.

Porque una cosa es protestar en una reunión bilateral.

Otra es pararte frente a un juez y decir: el gobierno de ese país tiene responsabilidad por estas muertes. Aquí están los nombres. Aquí están las fechas.

Seguimos al tanto de cómo evoluciona este caso.