Resulta que México lleva años sin poder resolver una de las discusiones más largas de su historia legislativa reciente.
La ley del cannabis vuelve a estar atorada en el Congreso.
No es la primera vez. No es la segunda. Y, al ritmo que va, tampoco parece ser la última.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Desde que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición absoluta del uso lúdico del cannabis —hace ya varios años—, el Congreso mexicano tenía la obligación legal de legislar al respecto.
No lo ha hecho.
Cada periodo ordinario llega con la promesa de que esta vez sí se va a resolver. Y cada periodo termina con el tema pendiente, enterrado bajo otros asuntos, postergado una vez más.
Excélsior reporta que la iniciativa vuelve a encontrarse estancada, sin fecha clara para su aprobación ni consenso suficiente entre los legisladores para avanzar.
EL VACÍO QUE NADIE QUIERE LLENAR
Mientras el Congreso no legisla, el país opera en un limbo jurídico.
Hay personas que consumen cannabis con amparos individuales. Hay otras que lo hacen sin ningún respaldo legal. Y hay quienes trabajan en la industria del cannabis medicinal —que sí está regulada, aunque de forma incompleta— sin saber exactamente hasta dónde llegan sus derechos.
Imagínense: la Corte ya dijo que prohibirlo es inconstitucional. Pero como no hay ley, tampoco hay reglas claras de qué se puede y qué no se puede.
Es una contradicción enorme que afecta a miles de personas.
¿POR QUÉ NO AVANZAN?
Aquí viene lo interesante: el estancamiento no es técnico. Es político.
Dentro del Congreso hay posiciones muy distintas sobre cómo regular el cannabis, quién puede venderlo, si debe haber un mercado libre o un sistema controlado por el Estado, y qué pasa con los productores artesanales —especialmente los de comunidades indígenas— que ya trabajan la planta desde hace generaciones.
Además, el tema genera escozor electoral. Hay legisladores que no quieren que su nombre aparezca votando a favor de algo que todavía genera controversia en sectores conservadores de sus estados.
El resultado: nadie mueve las piezas. La ley espera.
¿QUÉ SIGUE?
Por ahora, no hay señales claras de que el Congreso vaya a romper el estancamiento en el corto plazo.
México ya se quedó atrás de Uruguay, Canadá y varios estados de Estados Unidos en construir un marco legal funcional. Cada año que pasa sin legislar es un año más de incertidumbre para pacientes, consumidores, productores y empresas que intentan operar dentro de la legalidad.
La pregunta que queda flotando es simple: ¿cuántos años más va a tardar el Congreso en hacer lo que la Corte ya le ordenó hacer?
